El Perú se está consolidando como un actor clave en los mercados internacionales de carbono, apostando por este mecanismo como una herramienta estratégica para movilizar inversiones, fomentar la reducción de emisiones y generar desarrollo sostenible. Gracias a los acuerdos bilaterales firmados con países como Suiza y Singapur, el país proyecta movilizar hasta 62 millones de dólares en proyectos entre 2025 y 2030, en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París, que permite la transferencia de resultados de mitigación de emisiones entre naciones.
Este avance sitúa al Perú como un socio confiable en los mercados internacionales de carbono, mientras se negocia con otros países, como Corea y Japón, para ampliar aún más el alcance de estas oportunidades de cooperación y financiamiento climático.
El enfoque del Artículo 6 abre puertas para que el Perú genere créditos de carbono —cada uno equivalente a una tonelada de CO₂— y los transfiera a países que buscan cumplir sus compromisos climáticos. Esto no solo representa una fuente potencial de financiamiento, sino también una forma innovadora de atraer inversión extranjera para proyectos sostenibles.
Empresas en mercados como Singapur, que enfrentan impuestos al carbono, pueden optar por adquirir créditos en el Perú a un costo menor, generando al mismo tiempo beneficios económicos y ambientales. En el caso de Suiza, el interés por invertir en proyectos peruanos incluso contempla pagar un precio más alto por tonelada de CO₂ reducida, destacando la competitividad del país frente a oportunidades globales.
Los proyectos que generan créditos de carbono pueden abarcar diversas áreas: energías renovables, electromovilidad, agricultura sostenible y, especialmente en el caso de Perú, reforestación. Esta última no solo contribuye a la captura de carbono, sino que también recupera áreas degradadas, protege servicios ecosistémicos y mejora el bienestar de comunidades locales.
Las emisiones peruanas se concentran principalmente en el uso y cambio de uso de la tierra y la agricultura, responsables de cerca del 60% del total nacional. Esto convierte a estos sectores en puntos críticos donde la reducción de emisiones puede tener un impacto importante tanto a nivel nacional como internacional.
Además, el mercado de carbono peruano no solo se trata de finanzas; también es una herramienta de justicia climática. La participación de comunidades rurales e indígenas, y la adopción de tecnologías limpias, muestran cómo este mecanismo puede promover equidad y desarrollo sostenible en territorios históricamente vulnerables.
Un paso fundamental para consolidar el mercado interno es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), operativo desde inicios de 2025. Este registro garantiza la evitación de la doble contabilidad, la verificabilidad de cada crédito y la integridad ambiental del sistema, aspectos clave para generar confianza tanto en compradores nacionales como internacionales.
El RENAMI permitirá que proyectos públicos, privados y comunitarios se registren, verifiquen y comercialicen créditos de manera transparente y confiable. El reto ahora es asegurar que este sistema funcione con digitalización eficiente y que exista una coordinación clara entre el Estado y los diferentes sectores para determinar qué partes de reducción de emisiones se reportan a nivel nacional o se exportan como créditos.
Aunque el mercado de carbono peruano está tomando forma, su dinamización dependerá en gran parte de la participación del sector privado. En países como Chile, Colombia y México, la implementación de impuestos al carbono ha impulsado la demanda interna de créditos y las acciones de descarbonización empresarial. En Perú, la participación sigue siendo voluntaria, con incentivos principalmente reputacionales.
Para que más empresas peruanas se sumen a este mercado, será crucial promover incentivos claros —financieros o regulatorios— que estimulen tanto la financiación de proyectos como la adquisición de créditos. Esto, a su vez, puede acelerar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y resilientes.
El mercado de carbono tiene un papel estratégico en el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Perú, que buscan reducir emisiones en un 30% para 2030. Actualmente, hay 36 proyectos en desarrollo bajo estándares como Gold Standard y Verra, con un potencial de reducción de más de 20 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año.
Movilizar financiamiento climático es uno de los mayores desafíos del país: según estimaciones oficiales, se requieren más de 50,000 millones de dólares para implementar acciones de mitigación y adaptación de manera efectiva. El mercado de carbono puede ser un puente para canalizar parte de estos recursos, alineando incentivos financieros con metas ambientales.
Para 2026, el mercado de carbono en Perú está llamado a dar un salto cualitativo: se espera que el RENAMI esté plenamente operativo y reconocible internacionalmente, facilitando un flujo constante de proyectos registrados y créditos emitidos con altos estándares de integridad. Además, con acuerdos bilaterales en marcha y potenciales nuevos convenios con países asiáticos y europeos, las inversiones y el comercio de créditos de carbono podrían superar los 100 millones de dólares anuales, posicionando a Perú como uno de los mercados más dinámicos de América Latina. Esto, combinado con una mayor participación del sector privado y marcos regulatorios más claros, consolidará al país no solo como proveedor de créditos confiables, sino también como un referente regional en soluciones climáticas y desarrollo sostenible.
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