
La gestión del riesgo de desastres en Perú no es una política aislada ni reciente. Es el resultado de una evolución histórica que integra aprendizajes internacionales, reformas institucionales y experiencias traumáticas que marcaron un antes y un después en la gobernanza pública.
La evolución desde la defensa civil tradicional hasta el actual enfoque integral basado en el Marco de Sendai refleja un cambio estructural en la manera en que el Estado entiende el riesgo.
La Gestión del Riesgo de Desastres se define como un proceso social orientado a la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo, así como a la preparación y respuesta ante emergencias, con base científica y articulación multinivel.
No se limita a reaccionar frente a un evento. Implica actuar antes, durante y después, integrando dimensiones económicas, ambientales, territoriales y de seguridad.
En este enfoque, el riesgo no es sinónimo de desastre. El riesgo surge de la combinación de:
Peligro
Vulnerabilidad
Exposición
Cuando estos factores convergen sin medidas de mitigación adecuadas, el desastre se materializa.
El sistema de gobernanza del riesgo resulta determinante. Entre los factores estructurales que incrementan la probabilidad de desastre se encuentran:
Ordenamiento territorial inexistente o inapropiado
Infraestructura que no integra criterios de riesgo
Degradación ambiental
Pobreza y desigualdad
Cambio climático
Cuando estos elementos se combinan en contextos institucionales débiles, el riesgo se multiplica.
La gobernanza no se reduce a leyes formales. Incluye acuerdos institucionales, coordinación intersectorial y capacidades locales efectivas.
El modelo inicial de Defensa Civil tiene raíces en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando la prioridad era proteger a la población civil frente a conflictos bélicos.
Con el tiempo, el enfoque se amplió hacia amenazas naturales y tecnológicas.
En Perú, el punto de inflexión fue el sismo de Áncash del 31 de mayo de 1970. El evento dejó aproximadamente:
67,000 víctimas
150,000 heridos
800,000 damnificados
2 millones de afectados
Como consecuencia, en 1972 se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) mediante el Decreto Ley N° 19338.
Este sistema articuló organismos públicos y privados bajo la rectoría del INDECI, con énfasis en respuesta y coordinación.
Décadas después, el país adoptó un modelo más amplio: el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), formalizado con la Ley N° 29664 en 2011. El nuevo paradigma integró prevención, reducción prospectiva y gestión correctiva del riesgo.
La evolución peruana se encuentra alineada con tres hitos internacionales clave.
Planteó que cada Estado tiene la responsabilidad soberana de proteger a su población y subrayó la importancia de reducir la vulnerabilidad socioeconómica. Introdujo la necesidad de integrar la reducción del riesgo en los planes de desarrollo.
Estableció cinco prioridades estratégicas, entre ellas:
Hacer de la reducción del riesgo una prioridad nacional
Fortalecer sistemas de alerta temprana
Reducir factores de riesgo subyacentes
Hyogo consolidó el tránsito desde la gestión del desastre hacia la gestión del riesgo.
Sendai profundiza el enfoque prospectivo. Sus cuatro prioridades centrales son:
Comprender el riesgo de desastres
Fortalecer la gobernanza del riesgo
Invertir en reducción del riesgo para resiliencia
Mejorar la preparación y reconstruir mejor
Introduce metas globales medibles y vincula la reducción del riesgo con desarrollo sostenible, derechos humanos y cooperación internacional.
La doctrina contemporánea distingue tres componentes principales:
Gestión prospectiva: evitar la generación de nuevos riesgos.
Gestión correctiva: reducir riesgos existentes.
Gestión reactiva: preparación, respuesta y rehabilitación inmediata.
Este esquema obliga a integrar el análisis de riesgo en la planificación territorial, la inversión pública y la política ambiental.
La experiencia regional demuestra que muchas reformas se producen después de grandes tragedias. El caso del volcán Nevado del Ruiz en Colombia en 1985, con alrededor de 25,000 fallecidos tras fallas en evacuación y coordinación, impulsó una reforma profunda del sistema colombiano.
El aprendizaje es claro: la falta de articulación institucional transforma un fenómeno natural en catástrofe social.
La gestión moderna del riesgo exige coherencia entre política pública, planificación territorial, inversión en infraestructura y cultura de prevención.
No se trata solo de responder mejor, sino de evitar que el riesgo se construya.
Un país resiliente no es aquel que enfrenta más desastres, sino el que reduce sistemáticamente su vulnerabilidad mediante gobernanza efectiva, planificación prospectiva y decisiones basadas en evidencia científica.
El desafío ahora es sostener esa coherencia en todos los niveles del Estado y en la sociedad en su conjunto.